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2. ¿Qué llegará antes la «nueva LOPD» o la aplicación del RGPD?

El Reglamento Europeo de Protección de Datos ya está en vigor desde hace un año y cada vez está más próxima la fecha en que será de aplicación, el 25 de mayo de 2018. La Agencia Española de Protección de Datos va publicando guías y orientaciones acerca de la adaptación a la nueva norma, pero ¿qué pasa con el margen de decisión que deja el RGPD a los Estados miembros?

El RGPD es una norma de directa aplicación en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, ya deberíamos estar pensando en cómo adaptarnos a los cambios que supone: cambios en la información y la forma de solicitar el consentimiento a los interesados, en las relaciones con los encargados del tratamiento, en los derechos que deben ser atendidos por parte de los responsables del tratamiento, en la designación de responsables, en la forma y el contenido de las relaciones con la AEPD, y en el esquema de seguridad adecuado aplicable a los tratamientos desarrollados. Sin embargo, y parece mentira después de repasar la lista anterior, aún quedan algunos aspectos en los que los Estados miembros tienen algo que decir.

Para ello, se puso en marcha el proceso de modificación de la LOPD en nuestro país y, aunque la previsión inicial era que el texto se hubiese hecho público para consulta en el primer trimestre de este año, finalmente las dificultades han sido muchas y fue el pasado 19 de mayo cuando la Comisión General de Codificación aprobó el texto presentado por la Ponencia a la que el Ministerio de Justicia había trasladado el encargo de su redacción. De su contenido nada ha trascendido, si bien se espera que antes de verano se inicie el trámite de información pública.

Los plazos no son los esperados y el horizonte 2018 no se va a ampliar, de esta forma, previsiblemente estrenaremos «nueva LOPD» con escaso espacio de maniobra, o con ninguno, por lo que lo mejor es dejar de esperar y empezar la adaptación al RGPD cuanto antes, ya que el número de cambios que supone no va a dejar margen a la improvisación y una vez superado mayo de 2018 el riesgo a una sanción es real.