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El incierto futuro del Privacy Shield

La Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos ratificó el mes pasado la revocación impulsada por el Senado de la norma que impedía a los proveedores de conexión a la red comercializar los historiales de búsqueda de los usuarios. ¿En qué medida aleja esta decisión a los Estados Unidos del planteamiento garantista en el respeto a la protección de datos que recoge el Reglamento Europeo?

La anterior regulación exigía a los proveedores de conexión a Internet la obtención del consentimiento de los usuarios para comerciar con sus datos, lo que parecía injusto a las grandes compañías de telecomunicaciones que querían que su actuación en este campo se pudiese equiparar a las de otros operadores en la red, como buscadores o redes sociales.

Mientras que la ley impulsada por Obama protegía por defecto la privacidad de los usuarios, ahora son estos los que deberán oponerse expresamente a la venta de sus datos con fines comerciales.

Vista la orientación que está tomando la regulación en Estados Unidos con el nuevo Gobierno, nos preguntamos qué pasará cuando se aplique el mecanismo de revisión del Privacy Shield establecido con carácter anual, dado que, si bien no deja de ser un acuerdo basado en la adhesión voluntaria de las empresas estadounidenses que quieran intercambiar datos personales con Estados miembros de la Unión Europea, uno de los puntos más controvertidos consistía en el acceso por parte del Gobierno a datos de ciudadanos europeos tratados por empresas de Estados Unidos, para el cual se requirió mayor transparencia y salvaguardias claramente definidas.

Además, se promovió una protección efectiva de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, con varias posibilidades de recurso en las que debe colaborar la Comisión Federal de Comercio, y el Defensor del Pueblo, independiente de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.

Cargar a los ciudadanos con la defensa de su privacidad en lugar de establecer mecanismos de protección por defecto es una postura que se aleja claramente de la reflejada en la normativa europea de protección de datos, que será de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018. Si el mantenimiento del Privacy Shield dependiese únicamente de las empresas dispuestas a cumplirlo, la postura del Gobierno no tendría tanta relevancia, pero no es así cuando estas empresas se encuentran sujetas a leyes que las obligan a facilitar todo tipo de datos a la Administración cuando son requeridas para ello y el Gobierno está empezando a revelar su postura al respecto del valor que tiene la privacidad del ciudadano. Por este motivo, nos preguntamos el precio en términos de privacidad que finalmente pueda tener el mantenimiento de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y el reflejo que esto pueda tener en marcos de actuación como el Privacy Shield.